sábado, 11 de enero de 2014

La Infanta imputada o La confusión intencionada del significado de la Monarquía


Abundan estos días los artículos sobre y, ante todo, contra la Infanta Doña Cristina y contra la Monarquía en España.
Desde que apareció el caso Noós como asunto colateral del asunto Palma Arena, un caso de corrupción política de mucha más envergadura que la empresa del consorte plebeyo de la Infanta, no han parado las filtraciones -sin duda intencionadas- para perjudicar la imagen de la institución monárquica española. Y resulta bastante lamentable la falta de seriedad de muchos periodistas en el asunto de la Infanta Doña Cristina. Sobre todo el debate nada objetivo sobre si se debe o no imputar a la Infanta en relación con las operaciones comerciales de su cónyuge parece haberse convertido en fuente inagotable para los sectores antimonárquicos -bastante minoritarios, pero con mucha capacidad de hacerse oír- para arremeter contra la institución monárquica que nada tiene que ver con los negocios de un particular y mero miembro político de la Familia Real. 
En todo este debate se mezclan muchos conceptos. La Infanta Doña Cristina no es la Monarquía, sólo es una hija del Rey. En la Monarquía sólo existe un titular de la Corona: el Rey, mientras que al  Príncipe Heredero corresponde un lugar destacado y relevante, porque va a suceder al Rey cuando llegue el momento. En cambio, las hijas del Rey forman simplemente parte de la Familia Real, sin funciones constitucionales. La Monarquía es la forma de estado, y la Corona representa al estado. Las Infantas son personas privadas, y sólo actúan en nombre del Rey en representación de éste en actos de menor importancia, lo que es la única circunstancia cuando adquieren relevancia pública.
Por su parte, el Rey siempre ha cumplido con sus obligaciones constitucionales.

Lo triste del asunto Urdangarín es el interés político que algunos funcionarios de Justicia parecen tener cuando no hacen más que querer implicar a toda la Casa Real en un caso en el que se trata de negocios del consorte de la Infanta Doña Cristina que éste hizo aprovechándose de su posición privilegiada, incluso después de haber sido advertido por la Casa Real de no hacerlo. El error del Rey fue no haber parado en seco las operaciones comerciales de su yerno con algunos estamentos políticos, desarrollando un comportamiento nada ejemplar. Pero no olvidemos que Noós es un asunto colateral de Palma Arena y que las responsabilidades son de los políticos que adjudicaron contratos a Urdangarín sin respetar los procedimientos habituales. Al menos, este parece ser el caso, pero todo siguen siendo especulaciones mientras no se haya celebrado el juicio correspondiente y se haya dictado sentencia firme. Los medios de comunicación y algunas partes de la ciudadanía, sin embargo, ya parecen haber sentenciado no sólo al consorte de la Infanta, sino a la misma Infanta, al Rey y a la Monarquía sin diferenciar en absoluto entre estado, Corona y los diferentes asuntos judiciales.
Ahora que el juez ha decidido imputar a la Infanta Doña Cristina, nuestra valoración lógicamente es de respeto a la decisión judicial, si bien no podemos compartirla, pues estamos de acuerdo con la fiscalía, Hacienda, la Abogacía del Estado y las defensas de las partes de que no se puede imputar a nadie sólo con meros indicios y sin pruebas, y como dijo el fiscal, no se puede imputar a nadie por lo que es, sino por lo que ha hecho. El juez Castro dice que sólo quiere oír a la Infanta, pues si eso fuera verdad, la habría llamado en calidad de testigo y no como imputada.
Se ha dicho por activa y por pasiva que la ley es igual para todos. Nosotros como Asociación Monárquica Europea nos preguntamos: ¿Se habría investigado con tanto celo una situación similar si en lugar de tratarse de la Infanta Doña Cristina hubiera sido una ciudadana cualquiera? La ley en este caso parece más igual para unos que para otros. Si se demuestra con pruebas que la Infanta ha cometido algún delito, la Ley debe caer sobre ella con todo su peso, pero con pruebas irrefutables. De todos modos, tanto ella como su marido ya están condenados social y mediáticamente aunque salgan absueltos.

La Infanta en todo caso puede declarar como testigo, no como imputada, ya que las empresas fueron gestionadas por su marido y el socio de éste. Todo esto no tiene que ver ni con la Monarquía ni con el Rey, sino con los intereses de unos políticos corruptos que presumiblemente esperaron obtener prebendas muy particulares de estos negocios - o tal vez sólo querían decorarse con cierto glamour monárquico, quién sabe.
Aún más lamentable son filtraciones en toda la fase de instrucción y que la instrucción lleve ya casi 3 años sin que se haya llegado a celebrar ningún juicio. Como dijo muy acertadamente el Jefe de la Casa Real, esta prolongación inusitada de la fase de instrucción sin celebrar juicio es un martirio - y lo es no sólo para la Casa Real, sino para toda la sociedad. El juez parece prolongar aposta un procedimiento que debería ser bastante más corto. Pero la Justicia en España nunca se ha caracterizado por su rapidez y eficacia, mientras contrasta mucho con los sistemas judiciales de otros países donde no es normal que algunos jueces se hagan célebres por sus actos, caracterizados en algunos casos por unas tendencias políticas concretas. No es normal, desde nuestro punto de vista, cómo se ha desarrollado la instrucción, con continuas filtraciones, curiosamente siempre al mismo periódico. Filtraciones que casualmente tampoco se han investigado; ha habido reuniones del juez con la abogada de la acusación particular, grabadas y publicadas por un medio de comunicación que cuestionan seriamente la imparcialidad de la instrucción; publicación de correos electrónicos impresos en papel que nada aportaban al núcleo duro de las investigaciones, pero que servían para destruir la imagen de la Infanta y su entorno familiar y que el juez dio por buenos sin molestarse en investigar el soporte informático de los mismos, etc., etc.

En este tema, muchos periodistas, políticos, autodenominados expertos y ciudadanos en general, dan por sentado que hay presiones para que la Infanta salga indemne, pero todos dan también por sentado que no hay esas mismas presiones en sentido contrario y dan por buena esa “curiosa” instrucción del caso. Aceptan y aplauden entusiasmados al juez, que parece tener tan claro el papel de la Infanta, que necesita más de 200 folios para intentar justificar su postura, aplauden que la imputación solo esté sustentada por la opinión subjetiva del juez, el sindicato ultraderechista Manos Limpias, cuyas caras visibles son Miguel Bernard, ex líder del desaparecido Frente Nacional e imputado por coacción y estafa como recoge hoy ABC; la abogada del mismo sindicato, Virginia López, que fue pillada de copas con el juez Castro, y el mismo medio de comunicación beneficiado con las filtraciones y cuyos titulares de prensa sobre el caso están más cerca del sensacionalismo que de la información.

En cambio, se critica muy duramente, se ven tejemanejes y presiones tras la decisión del fiscal del caso, de la Fiscalía General del Estado, de la Abogacía del Estado y de Hacienda al rechazar la imputación. Se da más credibilidad a un juez que hasta ahora sólo se ha movido entre indicios y suposiciones, a un ultraderechista imputado por estafa y a su abogada y a un medio supuestamente independiente que a organismos e instituciones como los mencionados.

Lo más llamativo es la falta de criterio al tratar los diferentes asuntos y el aparente desconocimiento del funcionamiento y la composición de muchas instituciones. Monarquía significa "gobierno de uno", lo que aplicado a los tiempos presentes se podría traducir con "reinado de uno". Es decir, la Monarquía no la representa una multitud (toda una Familia Real), sino el Rey y nadie más que el Rey.

La ventaja de la Monarquía es que la familia del Rey puede asumir la representación de éste si así lo decide, pero eso no cambia nada respecto de la titularidad de la Corona, que corresponde a UNO, no a todos. La Reina y las hijas del Rey forman parte de la cara visible de la Monarquía, pero ellas no son la Monarquía. Los consortes de las infantas ni siquiera son representantes auténticos de la Familia Real, son anexos irrelevantes de la Familia Real sin llegar a ser realeza.

Vimos muy bien cuál es el diferente trato que recibe el Rey como titular de la Corona y jefe de estado y cuál es el trato que recibe el Príncipe Heredero. Cuando el Rey no pudo asistir a la Cumbre Iberoamericana se dijo claramente que el Príncipe no podía sustituir al Rey como jefe de estado. Entre otras razones el problema reside en que no hay Ley Orgánica que regula el funcionamiento de la institución monárquica, y al ser el Rey el único representante legítimo de la Monarquía Española (= del estado), sus funciones no pasan automáticamente a otros miembros de la Familia Real, ni siquiera al Príncipe Heredero. De hecho, vimos que Don Felipe representó al Rey en la Cumbre Iberoamricana, pero sólo en algunos actos, no como jefe de estado, mientras tuvo que complementar su viaje con otros actos representativos de tipo cultural o económico. Por lo tanto, si ni siquiera el Príncipe puede asumir las funciones del Rey, menos aún lo pueden hacer las Infantas, por mucho que estén en la línea de sucesión (lo que de por sí no significa más que un más hipotético que efectivo derecho a suceder al Rey si faltasen todos los sucesores intermedios. Consecuentemente, no se puede confundir la Monarquía con la Infanta Doña Cristina. La Monarquía es el estado y al estado lo representa el Rey como jefe del estado.

Por consiguiente, los negocios del consorte de la Infanta los hizo un particular que hizo mal uso de su posición privilegiada y de los contactos que esta posición le permitía establecer gracias a su matrimonio con una hija del Rey. Los negocios no los hizo el Rey (la Corona) ni la Monarquía (el estado).

Y sin venir a cuento, se especula constantemente sobre una eventual abdicación del Rey, que evidentemente se quiere poner en relación con el asunto Urdangarín, como si se estuviera deseando desestabilizar a la Monarquía para echarle toda la culpa de todos los males que sufre España, cuando estos males son responsabilidad única y exclusiva de la clase política gobernante y que en nada cambiarían si se acabase con la Monarquía, que es la única garantía de mantener la unidad nacional, la estabilidad política y el prestigio internacional que la clase política ha ido arruinando legislatura tras legislatura.

Por más que algún político y periodista se emocione o se frote las manos pensando en la abdicación del Rey o la caída de la Monarquía, ésta seguirá, porque la opción republicana tiene una historia muy negra por más que ahora esté de moda manipular aquel período histórico para pintarlo de rosa, pero que en realidad tuvo mucho de terrorífico y poco de democrático y que nos llevó a una guerra civil y a una dictadura. Si el Rey aguantó en la Transición entre la extrema derecha, la extrema izquierda y la crisis económica, hoy hará lo mismo y mejor, porque cuenta con el Príncipe, un hombre muy preparado, mientras nuestra clase política oscila entre la mediocridad, la falta de sentido de Estado y la estulticia.

¡Larga vida al Rey!

jueves, 10 de octubre de 2013

Monarquías: Un valor seguro


Vivimos tiempos de inestabilidad e incertidumbre, momentos en que el capital ha vuelto a refugiarse en el más dorado y preciado de los metales ante la constante inestabilidad de los mercados, días en los que nuestros políticos e instituciones viven su más baja popularidad, donde parece que en nada ni nadie se puede confiar. A ambos lados del Atlántico está resultando más difícil de lo que en un primer momento pareció encontrar ese camino que nos devuelva a la estabilidad tan ansiada como perdida, culpa de una crisis que está durando más de lo previsto y que ya se ha llevado mucho por delante.

Es ahora cuando hay que apostar por valores seguros, reforzando nuestra confianza en aquellas pocas instituciones que aún pueden suponer un modelo de estabilidad y confianza. Es el momento de defender la Corona.

Desde luego, la segunda década de este Siglo en curso ya ha quedado marcada por la denominada Primavera Árabe, sueño de libertad y democracia para unos, mar de oportunidades políticas y estratégicas para otros, y lluvia de bombas para una inmensa mayoría que observa impotente cómo sus vidas se derrumban igual que sus casas y países. Sin embargo, el buen observador habrá advertido que en aquellos Estados árabes donde permanece una monarquía, caso de nuestro vecino Marruecos, el Sultanato omaní o los Emiratos, no sólo no se han producido revueltas ni revoluciones, sino que son en estos momentos atractivos destinos económicos e incluso turísticos.

El artículo 56 de nuestra Constitución definió muy bien el concepto al hablar de “símbolo de la unidad y permanencia de la Nación”, y es que, sólo la forma de Estado que encarna la Monarquía parlamentaria, aún con sus fallos, es capaz de mantener la Jefatura del Estado independiente del poder político y la constante lucha por él, de ofrecer a todos los ciudadanos de un país una única y máxima representación sin importar el partido al que voten, un valor diplomático que, en el caso español, es mucho más valorado fuera que dentro de nuestras fronteras.

La reciente coronación y entronización del Rey Felipe de Bélgica es otra muestra de ello. Al igual que en el caso de la Primavera Árabe o la Monarquía española, la Corona belga ha sido capaz de mantener en alza un Estado que acusa profundos problemas de cohesión desde hace años; sin embargo, y a pesar de un vacío de Gobierno de año y medio, sólo la salida al balcón del nuevo Rey ha lanzado a los belgas a la calle bajo una misma bandera, fueran valones o flamencos.

Es el momento de apostar por lo seguro, sin dejar de aprender de los errores ni de depurar las responsabilidades necesarias. Por ello, si ha habido un momento desde el 23 de febrero de 1981 en que debemos agruparnos todos los españoles bajo nuestra Corona, es éste.  

Román TEROL – Presidente de
la Asociación Española por el Progreso del Derecho 

domingo, 21 de julio de 2013

Reino de Bélgica: Las funciones del Monarca

Está claro que el año 2013 pasará a la historia como el de señaladas abdicaciones de diversos jefes de Estado: Benedicto XVI, la reina Beatriz de los Países Bajos y ahora la del Rey Alberto II de los belgas. Curiosamente, Bélgica nació desgajándose del antiguo Reino Unido de los Países Bajos y, por tanto, es íntima vecina de Holanda, por lo que algunos piensan en una suerte de «contagio abdicativo». 

A pesar de que el barón Charles-Louis de Montesquieu, en su «Del espíritu de las leyes», acuñó la teoría de las separación de poderes, el artículo 37 de la Constitución belga establece que al rey le corresponde el poder ejecutivo federal, que en la práctica está lejos de ser un verdadero poder ejecutivo, sino la plasmación del llamado cuarto poder, que no es el de la prensa, sino el arbitral o moderador ejercido por los reyes en las monarquías constitucionales parlamentarias y proclamado por Benjamin Constant. 

Bélgica es un país relativamente nuevo –aunque de antiguas raíces– fundado en 1831 por el tatarabuelo de Alberto II. La palabra «federal» implica ejercitar de obligada amalgama si se desea mantener al país como un todo. La Constitución, reformada en el último tercio del pasado siglo estableciendo un sistema federal en tres niveles (el gobierno federal, las comunidades lingüísticas flamenca, francesa y germanófona, y las regiones flamenca, valona y de Bruselas) hizo necesario más que nunca el papel del monarca como vínculo unificador en tan variopinto escenario. 

En el artículo 91 de la citada Constitución se indica que el rey debe jurar –entre otras cosas– mantener la integridad del territorio belga. Naturalmente esto no significa solamente evitar que una potencia extranjera mengüe la extensión territorial belga, sino que conlleva procurar que ninguna parte se desmiembre del todo. 

Las abdicaciones, siempre lo he dicho, deben ser «rara avis» en el firmamento monárquico. La Constitución belga no contempla ese supuesto, sino solamente el del fallecimiento del monarca y también el de la «imposibilidad de reinar» a juicio de los ministros. Cuando el primer partido del país es antimonárquico y separatista, se hace bien difícil reinar, pero quizás en esos momentos, y máxime en un año preelectoral, las tablas de un rey con cuatro lustros de experiencia serían más necesarias que nunca.

Amadeo Rey y Cabieses 
es doctor en historia y miembro de la junta directiva de la Asociación Monárquica Europea

domingo, 26 de mayo de 2013

Promesa de futuro


Aunque nueve años no es una cifra redonda, de esas que suelen celebrarse con grandes fiestas y alharacas, el que los Príncipes de Asturias hayan alcanzado ya ese tiempo de casados es un acontecimiento reseñable y el que su Casa siga reinando es de agradecer y valorar. El anuncio de su compromiso y su posterior boda el 22 de mayo de 2004 levantó no pocos comentarios respecto a la idoneidad de la novia para ostentar la corona principesca y la posterior real cuando Su Majestad fallezca o abdique. Los posteriores nacimientos de las dos Infantas propiciaron cierto debate que ha pasado a un segundo plano respecto a la necesidad o no de cambiar el orden sucesorio de la Corona igualando los derechos a ésta independientemente de su sexo. Pero lo cierto es que, de momento, no ha habido nuevos embarazos de Doña Letizia, por lo que –si sigue así– y aunque dudo que yo lo vea, tendremos Reina Leonor en un futuro, que tendrá que medirse con sus antecesoras, las dos Isabeles. 

La apretada agenda de los Príncipes de Asturias, demostración palpable de que en esa casa se trabaja, mal que les pese a quienes pretenden propagar el anticuado bulo de que la realeza se entrega al «dolce far niente», se ha visto incrementada notablemente a raíz de los diversos problemas de salud de Don Juan Carlos. El Príncipe demuestra día a día lo que su padre proclamó en su larga entrevista concedida a Jesús Hermida: que está sobradamente preparado. 

La Princesa, por su parte, estoy seguro de que habrá tenido que hacer en estos años múltiples esfuerzos de adaptación a un medio que no era el suyo natural. Vamos, que no era una auténtica «profesional» de la realeza como –en palabras de Pilar Urbano– sí lo es la Reina, Doña Sofía, nacida en las gradas del trono heleno. El desparpajo de la periodista ha tenido que mudarse en el recato de la princesa, aunque no cabe duda de que su facilidad de palabra la ayuda y la seguirá ayudando para algunos de los cometidos de una Princesa de Asturias. La pareja se halla además fuera de todo el desagradable circuito de dimes y diretes que ha enfangado últimamente a la Infanta Doña Cristina y a su consorte. 

Qué duda cabe de que eso es un valor a conservar y de ellos depende que así sea. Es no sólo conveniente sino necesario que nuestra promesa de futuro siga limpia y mirando hacia delante para afianzar la permanencia de esta vieja y a la vez joven Monarquía.

miércoles, 1 de mayo de 2013

La tradición del siglo XXI


Hacía un mes que yo había regresado de Buenos Aires, tras varios años allí destinado, cuando, el 2 de febrero de 2002, la argentina Máxima Zorreguieta se casó con el príncipe de Orange. Viví el revuelo que el compromiso causó en la sociedad porteña. Unos decían que por fin una argentina se sentaría en un trono europeo, otros indagaban en genealogía para encontrarle antepasados regios. El día llegó, y los novios se casaron con la ausencia del padre, vetado por haber sido miembro del Gobierno militar argentino.

No hace mucho, el nuevo Rey de los Países Bajos habló de la necesidad de aunar la tradición con la modernidad y de que mantener al país unido, representarlo dignamente en el exterior y apoyar a los que trabajan por su patria son sus objetivos fundamentales. Esa simbiosis entre tradición y modernidad es la que procuran para sus naciones los reyes europeos y lo que han venido haciendo las reinas de los Países Bajos. Holanda es un país avanzado, a veces demasiado diría yo, como por ejemplo en lo referente a la eutanasia, que es en realidad un retroceso y no un avance social. Sin embargo, la modernidad a la que ha llegado Holanda no ha sido «a pesar» sino «gracias a» la Corona, como en el resto de monarquías del continente.

Holanda es el único país en el que la abdicación de sus monarcas es ya tradición, la misma que llevará hoy a engalanar sus calles con el naranja de los Orange-Nassau y el tricolor rojo, blanco y azul de su bandera. Ámsterdam es sede de palacio real y de la Iglesia Nueva, donde, respectivamente, la reina Beatriz abdicará y Guillermo Alejandro será entronizado, y una de las ciudades más cosmopolitas y avanzadas del mundo.

Los holandeses saben que para representar a su país la monarquía precisa de «fondos» –unos 36,2 millones de euros, cuatro veces más que la española– pero también de «formas». Una encuesta revelaba que el 41% de los holandeses privaría a su familia real de sus privilegios, aunque el 78% defiende la monarquía como forma de Estado. En tiempos de crisis los primeros en dar ejemplo son los reyes. Así lo han hecho siempre en guerras y catástrofes, en tiempos de penurias nacionales y de necesidad. Pero la corona, como cualquier otra Jefatura del Estado, debe presentarse adecuada y dignamente. El Acta de Finanzas Reales de 1972 otorga al rey y al príncipe heredero esos fondos. Además, los holandeses saben que sus reyes son «ricos por su casa» –recordemos el Dutch Bank ABN Amro y la Shell–, pero no se suelen detener en demagógicas consideraciones acerca del particular. Saben que la reina Guillermina encabezó firmemente la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial; que su hija, la reina Juliana, democratizó «en bicicleta» la realeza neerlandesa; o que la reina Beatriz sufrió injustamente de una convulsa ceremonia de boda por casarse con Claus von Amsberg, que luego demostró ser un digno príncipe de los Países Bajos.

El nuevo Rey se convierte en monarca de una generación –comenzada por Alberto II de Mónaco–, en la que los monarcas son más símbolos que gobernantes. Pero los símbolos también cuentan y sus gestos más aún. Guillermo Alejandro estudió en un colegio público y no se le caen los anillos por tomarse una cerveza con sus amigos o patinar entre la gente, pero sabe quién es: un gran señor. Es cercano, pero no olvida que por sus venas corre la sangre de los estatúderes y reyes de los Países Bajos, además de la de los Lippe-Biesterfeld, Mecklenburg-Schwerin, Waldeck und Pyrmont, Romanov, Hohenzollern o Württemberg: pura historia de Europa. Está bien esa cercanía, pero la realeza debe conservar cierta majestad que no es sólo adorno sino esencia.

Amadeo-Martín Rey y Cabieses; doctor en Historia y profesor de Dinastías Reales. 
Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Monárquica Europea                                       

domingo, 7 de abril de 2013

Perspectiva histórica

por Amadeo-Martín Rey y Cabieses 

No hay duda de que no estamos acostumbrados a que los príncipes de las Casas Reales que reinan en Europa, y mucho menos en otras regiones del globo menos aficionadas a la luz y taquígrafos, sean imputados en procesos judiciales. El que eso haya sucedido a S.A.R. la Infanta Doña Cristina, Duquesa de Palma de Mallorca –a quien el Magistrado-Juez Castro llama en el auto de imputación "Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia" - nos atañe de un modo singular, como españoles y –en mi caso, al menos- como monárquicos. Las opiniones acerca de las consecuencias de este hecho difieren desde quien cree que supone la "débacle" para la Monarquía española –y en tal caso unos la llorarían y otros lo celebrarían- hasta quien considera que no hay mal que por bien no venga y que esa imputación –que es recurrible ante el juez y ante la Audiencia Provincial de Palma- pone de manifiesto la igualdad de todos los españoles ante la ley, proclamada por la Constitución y recordada por S.M. el Rey en su último mensaje navideño. Ahora bien, lo excepcional del acontecimiento no nos debe hacer olvidar que Doña Cristina no es, ni seguramente será en el futuro, el único miembro de una Casa Real que es judicialmente imputado. Entre las casas reinantes, el Príncipe Bernardo de los Países Bajos, esposo de la Reina Juliana, fue procesado en 1976 por el cobro de comisiones de una fábrica de aviones, la Lockheed. Eso supuso serias consecuencias para él. Pero la historia de las naciones hay que contemplarla con perspectiva. Ahora la popularidad de su hija la Reina Beatriz está en una de sus cotas más altas, a menos de un mes de su abdicación. También el Príncipe Laurent de Bélgica fue acusado en 2006 -sin llegarse nunca a probar- de desviar fondos de la Marina para pagar electrodomésticos y objetos decorativos para su casa. Hoy en día su padre el rey Alberto II de los Belgas sigue siendo firme garante de la unidad de aquel país. Entre las familias reales no reinantes, el rey Leka de los Albaneses fue expulsado de España en 1979 por tenencia ilícita de armas, pero logró retornar a su país de donde estaba exiliado, donde murió en 2011 y donde está enterrado. El Príncipe Víctor Manuel de Saboya, Jefe de la Casa de Saboya, condición ahora discutida por su primo el Príncipe Amadeo de Saboya, duque de Aosta, sufrió varios problemas judiciales de los que salió afectado en su fama entendiéndose actualmente que, si ya tenía difícil recuperar el trono que ocupó su padre el rey Humberto II de Italia, ahora tal eventualidad podría considerarse como imposible. 

Hecha la salvedad de que debemos respetar el auto que el Magistrado-Juez mandó el pasado 3 de abril, y las sucesivas decisiones judiciales, y que conviene esperar acontecimientos, sin condenar antes de que lo haga quien puede hacerlo, es importante tener en cuenta que la Corona como institución está por encima de las personas que la encarnan, que pueden equivocarse. Lo mismo que España, como nación, está o debería estar más allá de los errores de los políticos. Quien aduce que la Monarquía facilita la corrupción no desea contemplar los innumerables episodios de esa naturaleza en asentadas repúblicas, algunas de ellas muy cercanas. Fisichella escribió que un rey puede ser estúpido, malvado o corrupto, lo mismo que un príncipe heredero, e incluso pueden ser las tres cosas a la vez. Pero también un burgués y un proletario pueden ser estúpidos, malvados y corruptos, y la historia está repleta de ellos. 

 El que la buena fama cueste años conseguirla y minutos perderla no hace menos injusto el fondo de ese adagio. Los ciudadanos, ya no súbditos, somos demasiado proclives a aprovechar los comportamientos, a veces censurables, de príncipes y reyes, para cargar contra la Corona en su conjunto, sin sopesar ni valorar la enorme cantidad de beneficios que ésta ha procurado a España en los últimos treinta y siete años.

Amadeo-Martín Rey y Cabieses es Doctor en Historia y miembro de la junta directiva de la Asociación Monárquica Europea

Publicado en La Razón